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Activistas españoles impulsan la Ley para la protección del denunciante de corrupción en España

Traducción del artículo de Raphael Minder publicado el 14 de mayo de 2016 en el periódico New York Times
Activistas españoles impulsan la Ley para la protección del denunciante de corrupción en España

Roberto Macías y Ana Garrido

Una empleada de ayuntamiento, Ana Garrido, contaba con uno de los puestos de trabajo más seguros en España desde hacía dos décadas. Pero su vida dio un vuelco hacia lo que ella describe como "mis siete años de calvario", después de que tratase de sacar a la luz la forma corrupta en que su ayuntamiento adjudicaba contratos públicos.

Esa odisea pasó por varias fases, de ser atacada por sus jefes de oficina y colegas en Boadilla del Monte, en las afueras de Madrid, después cayendo en una depresión y consecuente baja por enfermedad y culminando en el desempleo, e incluso recibiendo amenazas de muerte.

Ahora vende pulseras hechas a mano para ganarse la vida y recurre a la financiación colectiva para poder cubrir sus gastos jurídicos, que han alcanzado ya los 20.000 euros o, lo que equivale a alrededor de $ 22.600. Ha vendido la mayor parte de su ropa y muebles y alquila su casa para hacer frente a la hipoteca. De momento, vive como okupa en un apartamento abandonado con la pintura de las paredes descascarillada.

Es justo ahora, en el momento en el que España se prepara para la repetición de las elecciones generales en junio, y cuando la cuestión de la corrupción logra cotas más altas en la agenda de los partidos políticos, que la sra. Garrido recibe cierto reconocimiento aunque tardío por haber emprendido una de las empresas más arriesgados de España: ser una una denunciante.

En abril, la sra. Garrido fue invitada al Parlamento por Ciudadanos, uno de los partidos emergentes que espera desbancar al gobierno provisional dirigido por Mariano Rajoy, el presidente en funciones. Luis Garicano, el principal asesor económico de Ciudadanos, trasladó a la prensa el día en el que la sra. Garrido fue al Parlamento que si España no podía proteger a los denunciantes como ella, "no tenemos un país que valga la pena."

Y añadió: "No quiero vivir en un país así." La sra. Garrido se ha convertido en un símbolo para los activistas contra la corrupción que están luchando para lograr una nueva ley en España que por primera vez defienda los derechos de aquellos que tratan de destapar la corrupción Países como Estados Unidos y Gran Bretaña disponen de leyes para proteger a los denunciantes desde hace muchos años y, a partir de 2010, Hungría, Eslovenia, Francia, Luxemburgo, Irlanda y Bélgica han venido aprobando diferentes niveles de protección para ellos. A tenor de lo que señala un estudio llevado a cabo por Transparencia Internacional –organización no gubernamental- en 2013, España está entre el puñado países europeos sin una legislación para los denunciantes. Según este organismo "España no ha implementado las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y, en lo referente a los nuevos derechos otorgados a los funcionarios públicos, estos excluyen la protección ante eventuales represalias cuando los funcionarios denuncian presuntos delitos ".

Muchos creen aquí que la ausencia de legislación al respecto ha alimentado una cultura de la impunidad haciendo del sistema de gobierno de España uno de los más corruptos en Europa. Desde el colapso financiero en 2008, han surgido más de 200 casos de corrupción en los que están involucrados casi todos los partidos políticos principales.

"Hay una gran cantidad de casos de corrupción que no salen a la luz porque todo el sistema está diseñado para perjudicar, en lugar de para proteger a los que denuncian la corrupción", aseguró Pedro Arancón, el presidente de una asociación española llamada Plataforma por la Honestidad.

Habida cuenta de la tasa de desempleo en España del 21%, los activistas contra la corrupción vaticinan que son pocos los empleados que están dispuestos a destapar el fraude debido a que ponen en riesgo sus puestos de trabajo, como ocurrió con la sra. Garrido.

Algunos denunciantes como Roberto Macías se enfrentan incluso a una pena de prisión. El Sr. Macías es una de las dos personas que serán juzgadas en Sevilla, acusados de sustraer archivos electrónicos que contribuyeron a destapar el fraude dentro de la Unión General de Trabajadores de Andalucía, uno de los dos principales sindicatos de España. Si es condenado, el Sr. Macías se enfrenta a una pena de tres años de prisión, así como al desembolso de 60.000 euros, alrededor de $ 67.800, en concepto de daños morales reclamados por su antiguo patrón. Roberto Macías se enfrenta a una pena de cárcel acusado de haber robado archivos electrónicos que pusieron al descubierto el fraude en un sindicato de trabajadores muy importante.

El Gobierno regional, por su parte, ha acusado al sindicato de malgastar al menos 1,8 millones de euros de dinero público en fiestas y regalos para cargos del sindicato, fondos que inicialmente fueron asignados a los trabajadores en paro. El sr. Macías, de 36 años, niega toda conducta inapropiada subrayando que ha cooperado en las pesquisas judiciales. También él describe el deterioro hacia la ruina económica además del acoso sufrido incluso después de haber perdido su trabajo en el sindicato en 2012. "Me he enfrentado a una caza de brujas de una organización mucho más interesada en castigar a los que filtraron documentos que en tratar de recuperar millones de fondos públicos malversados persiguiendo a los cargos que derrocharon ese dinero", afirma Macías. El sindicato se abstuvo de hacer comentarios sobre sus últimos casos judiciales abiertos.

Pero en una entrevista el año pasado, Carmen Castilla, la secretaria general de Andalucía, argumentó que tanto el presunto robo de documentos como la malversación de dinero público deben ser investigados. "Si un hecho presuntamente delictivo ha sucedido, debe ser investigado por el poder judicial - y el presunto robo es un delito", dijo Castilla.

Víctor Lapuente, profesor asociado en el Instituto de Calidad del Gobierno de la Universidad de Gotemburgo en Suecia, aseguró que la respuesta de las autoridades españolas a los denunciantes era "el mundo al revés." "Se han destinado fondos públicos para proteger a los que quieren ocultar información, no a los que la filtran," dijo el Sr. Lapuente.

Estando en baja por enfermedad, la sra. Garrido compiló un expediente de 300 páginas sobre cómo el ayuntamiento de Boadilla adjudicaba contratos de forma fraudulenta. Ella entregó sus informaciones a una organización llamada Manos Limpias, que luego presentó ante el juzgado como parte de una investigación por corrupción más amplia. El caso se convirtió en un gran escándalo para el Partido Popular de Rajoy debido a la involucración de varios alcaldes y cargos conservadores que fueron acusados de aceptar sobornos de una red de empresarios encabezada por Francisco Correa. La sra. Garrido lamentó que Manos Limpias había revelado su identidad sin su consentimiento. Sobre los entresijos de corrupción endémica en España resulta revelador que el sindicato Manos Limpias está siendo investigado bajo la acusación de chantaje a cargos proclives al fraude a cambio de retirar los cargos contra ellos.

A mediados de 2011, la sra Garrido se reincorporó a su trabajo en el ayuntamiento en el que duró sólo unos meses. El nuevo alcalde de Boadilla y su administración, afirmó Garrido, están "simplemente decididos a hacerme pagar." Los episodios de acoso fueron en aumento llegando a recibir "amenazas de muerte y episodios de coacción en carretera intentando que saliese de su carril” . Ana Garrido abandonó su puesto de trabajo y demandó al ayuntamiento por acoso, ganando su caso ante un tribunal de Madrid. La nueva administración de Boadilla ha negado las acusaciones de acoso de la sra Garrido y ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo. Susana Sánchez-Campos Guerrero, una concejala del ayuntamiento, dijo que la señora Garrido no debe ser considerada como denunciante excepcional - otros 15 cargos terminaron proporcionando pruebas ante los tribunales sobre los contratos públicos fraudulentos - sino como la única que estuvo involucrada en un conflicto laboral con el ayuntamiento de Boadilla. La sra. Sánchez-Campos Guerrero también duda de las razones que aduce la sra Garrido acerca de su patrimonio y de los motivos del deterioro de su economía. "Ana Garrido dijo que se había arruinado porque denunció la corrupción, pero el hecho es que ella misma solicitó poner fin a su contrato", aseguró Sánchez-Campos Guerrero. La sra. Garrido ve en las acusaciones contra ella una prueba más de por qué la lucha de los denunciantes es una causa perdida en España. "Una vez tuve un trabajo y una vida normales, pero desde que denuncias, debes estar peparado para una pesadilla", dijo. "Es una situación que no habría podido soportar si hubiese tenido hijos a los que atender.

Fuente: Spanish Activists Push for Laws to Protect Whistle-Blowers (New York Times, By RAPHAEL MINDER, MAY 14, 2016)

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