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Solicitud a los partidos políticos del Parlamento de Andalucía con motivo de la Comisión de Investigación de los cursos de formación

Desde la Plataforma X la Honestidad consideramos necesario y muy útil que los denunciantes de corrupción que han denunciado o testificado en los procesos judiciales de las diversas tramas corruptas sean invitados a declarar en las comisiones de investigación creadas al efecto en las instituciones del Estado de todo el territorio.
Solicitud a los partidos políticos del Parlamento de Andalucía con motivo de la Comisión de Investigación de los cursos de formación

Roberto Macías, ex trabajador de UGT

Consideramos de especial relevancia y trascendencia el testimonio que puede aportar a la Comisión de Investigación sobre los cursos de formación del Parlamento de Andalucía Roberto Macías Chávez, ex trabajador de Compras de UGT Andalucía. Tras lo escuchado en la Comisión durante esta semana podemos afirmar con conocimiento de causa que Roberto podría aportar una visión amplia sobre las irregularidades presuntamente cometidas por la Unión General de Trabajadores de Andalucía (UGT A) en materia de formación.

Por ello solicitamos a los componentes de esa Comisión que:

  • No se cierre en falso la Comisión.
  • Inviten a Roberto Macías a declarar ante dicha Comisión Parlamentaria, para ayudar a alcanzar la verdad de los hechos investigados y establecer responsabilidades políticas. Solicitamos sea citado como compareciente en la próxima ronda de sesiones, al ser el testigo clave del caso “facturas falsas de UGT”.

 

Roberto Macías es uno de los promotores de la "Ley Integral de protección al denunciante", junto a Ana Garrido Ramos, Luis Gonzalo Segura, Araceli Blanco y la plataforma X la Honestidad, propuesta recientemente presentada a los partidos políticos del Congreso de los diputados.

Solicitud cursada a los diputados:

Presidente de la Comisión: Díaz Robledo, Julio Jesús.  Ciudadanos

Vocales:

 Bosquet Aznar, Marta. Ciudadanos

 Bustinduy Barrero, María Luisa.  PSOE

 Castro Román, José Antonio. IU – Los verdes.

 Cortés Jiménez, Elena. IU – Los verdes.

 Moreno de Acevedo Yagüe, Juan Ignacio. PODEMOS

 Moscoso Sánchez, David Jesús. PODEMOS

 Ruiz-Sillero Bernal, María Teresa.  Partido Popular

 Sánchez Haro, Rodrigo. PSOE

 Torrico Pozuelo, Miguel Ángel. Partido Popular

La Comisión de Investigación sobre los cursos de formación aprobada por el Parlamento Andaluz, tiene por objeto investigar las presuntas irregularidades relativas a las concesiones de las subvenciones otorgadas por la Junta en materia de formación profesional para el empleo desde el año 2002 hasta la actualidad, incluida su gestión, evaluación y justificación.

En dichas irregularidades, destaca el escándalo de las facturas falsas en el seno de UGT-A, por su presunta "financiación irregular del sindicato, a través de la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación", una financiación "ilícita" para lo cual se utilizaron dos procedimientos conocidos como "rappel" y "bote".

El fiscal delegado de Anticorrupción, Fernando Soto, señaló en un informe que los hechos investigados comienzan a implantarse cuando se puso en marcha la llamada "central de compras" en la UGT, una cuestión que se deduce "no sólo de las investigaciones sino de las declaraciones de los imputados". Esta central de compras, según el Ministerio Público, fue inspiración directa de Manuel Pastrana según lo manifestado por el ex tesorero del sindicato Federico Fresneda y continuó en la implantación de la misma el entonces secretario general Francisco Fernández, "no sólo en su época de secretario de organización, sino en el periodo que sucedió a Pastrana".

La Fiscalía relataba que el núcleo de decisión del sindicato se concentra desde el punto de vista orgánico en la "Comisión Ejecutiva", por lo que este órgano y "singularmente los acusados, no sólo eran conocedores sino que tomaron decisiones en relación con los hechos objeto del presente procedimiento".

Dice el fiscal que a través del descuento conocido como "rappel", "se repercutía un porcentaje en las compras que hacía el sindicato a un proveedor, soportado por éste y posteriormente ingresado en la cuenta señalada por el sindicato". Luego ante la Administración, el sindicato presentaba la factura sin incluir ese descuento, "lucrándose así en el exceso y falseando las justificaciones que presentaban a la Administración". Los importes totales obtenidos por el sindicato a través de este "rappel", prosigue Anticorrupción, se repartían entre la propia estructura regional y las uniones provinciales a través de la comisión ejecutiva.

En cuanto al "bote", con esta figura el sindicato encargaba la elaboración de "facturas simuladas que, sin responder a realidad o negocio jurídico alguno, pasaba a formar parte de una cuenta acreedora de UGT con terceros, y siempre previo pago de esas facturas". Esto hacía que el sindicato sostuviera actividades al margen de la subvencionada con cargo a ese "bote". "Así y de esa manera, la actividad ordinaria de la entidad se sufragaba con fondos que realmente eran procedentes de subvenciones destinadas a fondos de formación".

El fiscal destacó que en la rendición de cuentas que Federico Fresneda presentaba periódicamente ante la comisión ejecutiva se incluía el "monto obtenido por el "rappel", se informaba sobre el mismo y al mismo tiempo se decidía sobre la propuesta de reparto por la comisión”.

En cuanto al "bote", el fiscal recuerda que llegó a tener una plasmación "contable y registral en la aplicación informática Spyro, que contaba con apartados para asentar tales anotaciones al margen de la legalidad".

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Pregunta: Siete, ocho y
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