Una gran parte de los casos de corrupción se conocen por su ámbito nacional y el interés político que despiertan además de la gravedad de los delitos consumados. Pero otra parte, más pequeña y menos conocida pero no menos importante dada su gravedad, son los casos de carácter autonómico y municipal que se abren paso tímidamente en algunos medios de comunicación. En toda esta red entretejida de presuntos delitos de malversación, cohecho, prevaricación e intereses creados ya no falta Cantabria. La presunción que no falte. Faltarán derechos, se “podrán” pisotear pero, cómo no, siempre se hace, se dice, presuntamente. Sin embargo, el sufrimiento de tantas y tantos denunciantes o alertadores de prácticas corruptas no es presunto sino real. Conviene tenerlo presente. Este es uno de esos casos.
Antonio Ayllón es de Santoña y dedica su vida a la activa defensa y conservación del patrimonio cultural y natural de Cantabria, divulgando su riqueza sin ningún fin lucrativo. Numerosos artículos, un blog propio y hasta un libro avalan su compromiso y capacidad. Un patrimonio que es de todos debe ser protegido como ordena la ley y esa ha sido la razón de las denuncias de Antonio que responden al abandono de ese patrimonio y hasta la destrucción del mismo mediante operaciones supuestamente promovidas por las administraciones, las primeras instancias que deberían velar por su conservación. Antonio Ayllón ha conseguido que determinados emplazamientos naturales de Cantabria se hayan limpiado desapareciendo sesenta vertederos ilegales. Incluso vecinos interesados por su labor han llegado a participar recogiendo basura.
Además, Antonio descubrió dos cuevas de finales del paleolítico y siete fortificaciones napoleónicas que comunicó al Ayuntamiento y aún hoy espera respuesta. A través de la plataforma para la defensa del patrimonio histórico y el entorno natural de Santoña, Buciero Vida Salvaje, solicitó formalmente su protección y sugirió su rehabilitación. El servicio de Patrimonio del Gobierno Regional le ha ignorado.
Para colmo, ha llegado a ver, tal como nos ha relatado, a algún responsable de la administración local con una pala en una mano y un detector de metales en la otra. ¿Qué pretendía? Un asunto que al día de hoy entraña diversas denuncias contra él por testificar el hecho.
La red de intereses se cree que alcanza a las ofertas públicas de empleo donde Antonio oposita a un trabajo pero que es sancionado con un cero que reflejaría unos estudios mínimos cuando es licenciado en Ciencias de la Información. Ha visto cómo un familiar de un importante cargo de la Alcaldía ha pasado de trabajar como albañil a ser Técnico de Divulgación, puesto al que legítimamente aspiraba Antonio. ¿Se ha acreditado la capacidad del elegido? Y es más, denuncia que concejales juzgados por casos de corrupción están en los principales sillones de la Alcaldía de Santoña, sin olvidar que una tercera persona del equipo de gobierno municipal sentenciada a ingresar en prisión aún sigue en el sillón. Antonio denuncia que agentes de policía se han burlado de él en público, a diario, al tiempo que recibe muestras de ánimo por parte de un pequeño grupo de vecinos.
Denuncia incluso una persecución del actual alcalde que tuvo que ser frenado, en plena calle, sujetado y apartado por cuatro personas ante la incrédula mirada de Antonio. Y, sin embargo, fue esta autoridad quien anunció, incluso en prensa, acciones legales por acoso y difamación en redes. ¿Por qué? Por dar detallada información en medios nacionales sobre el Palacio de Chiloeches y por informar sobre el veto a su trabajo.
Se veta la publicación de un libro de historia escrito a lo largo de siete años. Esto supondría que toda la información recopilada, acumulada, ordenada y categorizada a lo largo de estos siete años por Antonio no ha servido de nada. Su trabajo no se vende en las librerías ni se recomienda como lectura en Cantabria gracias a las presiones de la presente alcaldía que ha llegado a servirse de la web municipal del ayuntamiento para dar a conocer su propia versión de la situación. ¿Uso de los servicios públicos para desprestigiarle, darle por mentiroso y arruinar su trabajo y su vida?
Antonio se fue de Santoña el veintiuno de septiembre de este mismo año para iniciar una huelga, una sentada si se prefiere, ante el parlamento cántabro. Desde entonces vive en su furgoneta con apenas dinero y poca comida que llevarse a la boca. Después de una semana comprueba que casi no hay reacción alguna, de ningún tipo. Quienes entran y salen del parlamento ni siquiera le miran. Entonces se traslada frente al gobierno regional.
Antonio Ayllón come durante estos días gracias a la solidaridad de algunos vecinos de Santander. Carece de dinero para su propio sustento. Duerme en su furgoneta que ya no dispone de carburante para moverse y recurre a amigos que le permitan asearse para no caer enfermo. Todo esto se conoce en las redes sociales. Pero ve como ante él desfilan políticos indiferentes. Ve que quien debería recibirle para aclarar y denunciar todo este entuerto de corrupción, presunta por supuesto, ni siquiera le mira a la cara.
Con cincuenta y cuatro días en la calle a sus espaldas decidimos dar voz a Antonio, a su historia y a su trabajo. Es intolerable que toda la presunta corrupción reinante en Cantabria acabe con la integridad de alguien que ha decidido llegar hasta el final. Su sufrimiento no es presunto.
Antonio ha contado en un conocido programa radiofónico lo mismo que hemos expuesto aquí con la diferencia de que a nosotros nadie nos ha llamado ni advertido. Minutos antes de entrar en el aire llamaban a su viejo teléfono para ofrecer una cita con un cargo de segundo nivel avisando de que el presidente estaría unos minutos. Antonio se niega en redondo pidiendo la retirada de las denuncias contra él.
Damos a conocer el caso de Antonio porque nos parece gravísimo que se deje a un denunciante de corrupción, que se manifiesta públicamente, abandonado permanentemente sin la atención que solicita por una reunión formal y que no se haga nada en absoluto. Esto es inadmisible en cualquier democracia que presuma de serlo. Será necesario un arduo trabajo para conseguir lo mínimo como imprescindible es el convencimiento de la ciudadanía para que personas como Antonio no sigan sufriendo de nuevo por situaciones como las aquí relatadas. Y esto no es una presunción. Es real. Pero no lo es, lamentablemente, una ley eficaz de protección de denunciantes y alertadores de corrupción que evitaría en gran medida estos malos tragos que algunos llevan adelante con gran integridad y valentía y que, sin embargo, sigue esperando a que la clase política cumpla con su obligación y promulgue esa carta de protección de los derechos de Antonio Ayllón, de los derechos de todas las personas que ejercen ejemplarmente civismo y compromiso social, de tus derechos estimado lector.