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Anteproyecto Ley

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Propuesta de Anteproyecto de Ley de protección al denunciante de corrupción en las instituciones públicas

Propuesta de Proyecto de Ley elaborado por Ana Garrido Ramos, Luis Gonzalo Segura, Roberto Alejandro Macías y la Plataforma X la Honestidad, dirigido a los responsables de todos los partidos polí­ticos.

Puedes descargar el proyecto de ley en PDF aquí.

Son varias ya las instituciones que están trabajando en la confección de un proyecto de ley que proteja a la figura clave en la lucha contra la corrupción: el denunciante de corrupción. Comunidades como Castilla y León o Baleares están trabajando ya en un Anteproyecto de Ley que regule esta materia.

Es urgente que se regule a nivel no solo de las Comunidades Autónomas –por separado- sino que esta regulación sea a nivel estatal. No se entendería que un denunciante de Segovia estuviese protegido y otro de Madrid no lo estuviese.

La Plataforma X la Honestidad, junto a Luis Gonzalo Segura, Ana Garrido Ramos, y Roberto Alejandro Macías, quiere hacer llegar esta propuesta a los partidos políticos españoles con representación en las Cortes Generales para que se comprometan a desarrollar durante el primer año de la próxima legislatura un proyecto de ley que proteja a los denunciantes de corrupción, incluso con efecto retroactivo (Art. 9.3 Constitución Española), pues la iniciativa parte de aquellos que están sufriendo ya las consecuencias de sus denuncias de irregularidades en la Administración Pública que, con mecanismos torticeros y en fraude de ley, utilizan los instrumentos de la propia ley desde el poder del Estado en clarísima malversación –utilizando recursos legales públicos en su propio beneficio-. La Administración denunciada se vuelve así en su contra para destruirles la vida, despojarles de su patrimonio e incluso meterles en la cárcel. Lo que debería ser un premio, se vuelve en realidad en una ruina para los denunciantes y sus allegados.

Habrá que modificar la LEC en su art. 2 cuando dice que “… los asuntos que correspondan a los tribunales civiles se sustanciarán siempre por éstos con arreglo a las normas procesales vigentes, que nunca serán retroactivas.” Si esto no fuera posible vía procesal el denunciante quedaría en indefensión (Art. 24 de la Constitución Española) entonces habrá que habilitar un mecanismo por el cual el denunciante gozara del mismo nivel de vida que tenia en el momento de denunciar los hechos, mediante un informe positivo de la Comisión de Estudios del Observatorio de la Corrupción, creada al efecto con esta Ley.

Somos conscientes de que algunos de los partidos con representación en el Congreso ponen de manifiesto en sus programas la necesidad de regular esta materia aunque sin medidas concretas y en algún caso, bajo nuestro punto de vista, con medidas insuficientes. Les invitamos a que nos devuelvan firmado este documento, como compromiso con la ciudadanía para hacerla realidad en el primer año de la siguiente legislatura su desarrollo e implementación. Por nuestra parte, haremos pública tanto la relación de partidos que se adhieren a la propuesta como los que no lo han hecho. La ciudadanía no entendería que un partido democrático se abstuviera en la votación de este trascendental asunto que se ha convertido en uno de los problemas que más preocupa a la ciudadanía según las encuestas sociológicas.

PROPUESTA DE ANTEPROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE DE CORRUPCIÓN EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS.

Propuesta de anteproyecto de Ley elaborado por la Plataforma X la Honestidad junto con los denunciantes de corrupción promotores dirigido a los responsables de todos los partidos políticos.

Promotores: los denunciantes de corrupción Ana Garrido Ramos, con NIF 50.433.157-E ; Luis Gonzalo Segura, con NIF 50.732.199-H; Roberto Alejandro Macías, con NIF 29.578.815-V; junto con la Plataforma X la Honestidad, con N.I.E. G87424917 creada con el objetivo de proteger a las personas que denuncian corrupción ante cualquier Administración Pública.

1.- INTRODUCCIÓN.

El artículo 33 de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción que España ratificó en 2003, recomienda desarrollar la protección a testigos de corrupción mediante una norma de carácter nacional. Sin embargo, 12 años después ningún gobierno de nuestro país lo ha hecho aún.

La Constitución Española reconoce en su Artículo 10, como derecho fundamental la dignidad de las personas; Artículo 15 "Todos tienen derecho a la vida derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes"; Artículo 17 "Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad,…";Artículo 18.1 "Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen." y en su art. 40.2 encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad en el trabajo. En su art. 173 el Código Penal recoge el acoso laboral como delito y el art. 174 "comete tortura la autoridad o funcionario público que abusando de su cargo (…) con el fin de castigarla (…) sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales."

La corrupción es uno de las mayores preocupaciones de la sociedad española y también una de las principales causas de la miseria de un amplio sector de la población.

2.- PRINCIPIOS GENERALES.

Dadas las características de las situaciones personales y los agentes implicados, se tendrán en cuenta los siguientes principios hacia la persona denunciante de un hecho presuntamente delictivo ante cualquier administración pública:

  • principio de tolerancia cero al acoso laboral
  • principio de respeto a la dignidad personal
  • principio de confidencialidad
  • principio de celeridad

Es responsabilidad de los partidos políticos regular la protección de los denunciantes de irregularidades en la administración pública.

Se considera denunciante de corrupción a cualquier persona que siendo funcionario público o laboral es conocedora de presuntos delitos de corrupción en la administración y formula denuncia de manera directa ante la misma o mediante la via judicial.

Uno de los grandes problemas que existen en la actualidad es la total desprotección que sufren aquellos trabajadores públicos que siendo conocedores de hechos que pudieran ser reprobables o ilícitos toman la decisión de ponerlos en conocimiento de las autoridades policiales y/o judiciales, ya que dichas autoridades pueden ser parte del problema cuando los sumarios se escapan al control de dichas autoridades: en ese momento son vox populi y el organismo o personas denunciadas toman represalias.

En países con democracias consolidadas como EE.UU. se legisla sobre esta materia protegiendo a los denunciantes; en España no.

Recordemos la cita de Javier García Espinar, de Transparencia Internacional: “El fenómeno de la corrupción (ya sea en forma de tráfico de influencias, o en forma de obtención de favores ilícitos a cambio de dinero u otros favores) constituye una vulneración de los derechos humanos por cuanto que generalmente entraña una violación del derecho a la igualdad ante la ley, y en ocasiones, llega a suponer una vulneración de los principios democráticos, conduciendo a la sustitución del interés público por el interés privado de quienes se corrompen”

La protección del denunciante de corrupción debe ser una prioridad para la regeneración democrática.

3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

Se aplicará a todos los empleados públicos y /o denunciantes de corrupción dentro de la Administración Pública, así como a testigos de la Fiscalía Anticorrupción y UCO desde el preciso momento de comunicar dicha corrupción.

4.- OBJETIVOS

a) Mantenimiento de un puesto de trabajo en la administración del denunciante en un puesto alternativo pero de igual nivel retributivo al que ostentara en cualquier administración a elegir por el denunciante, dentro de las vacantes que vayan surgiendo, en el que tendrán prioridad.

b) Asistencia jurídica: Desde el momento de la denuncia, el denunciado tiene a su favor toda la Administración, mientras que el denunciante tiene que hacerlo a su costa. Es preciso la creación de un OBSERVATORIO DE LA CORRUPCIÓN elegido por sorteo entre funcionarios de libre disposición, de las distintas consejerías o ministerios, que se reunirán no menos de una vez a la semana y que evaluaran todas las denuncias al objeto de su traslado a la fiscalía. Dicho observatorio, ante la primera denuncia originará un protocolo de actuación para garantizar las medidas de protección.

c) Asistencia psicológica y médica: Cuando se produce la denuncia, suele ser un estadio en que la salud del denunciante se ha deteriorado, debido a las medidas de acoso sostenido en el tiempo. Problemas de hipertensión, depresión, incluso infartos e ictus, no diagnosticados como resultados de dicho acoso, son habituales.

El Observatorio de la Corrupción mantendrá en lo posible la confidencialidad del denunciante al objeto de evitar que comportamientos actuales de acoso, moobing, difamación, injurias o calumnias, armas utilizadas hasta hoy como métodos de presión al denunciante y la desincentivación que tales circunstancias causan en el resto de trabajadores públicos, que sabedores del calvario por el que tienen que pasar aquellos que deciden denunciar hechos, queden por completo estigmatizados y aislados incluso por sus propios compañeros, en situaciones de enorme precariedad económica y, en no pocas ocasiones, con graves afecciones psicológicas. De esta manera, no encuentran absolutamente ningún estímulo en denunciar aquellos hechos presumiblemente delictivos de los que pudieran ser conocedores.

La urgencia en la necesidad de protección de los denunciantes, ha tenido en las redes una propuesta por parte de Anonymous a las Naciones Unidas.

El caso Snowden, al igual que el de Ana Garrido Ramos o el de Luis Gonzalo Segura, por ejemplo, en España a quienes solo la presión de la ciudadanía ha permitido sobrevivir, es un ejemplo de la necesidad de dicha protección.

Se plantean 5 secciones, aplicables tanto a nivel internacional como a nivel nacional a través de un “Observatorio de la Corrupción”:

1.- Protección de la información:

Abrir un servidor de datos soberano, fuera de los límites de todos los países en la ONU y del Gobierno en cada país, que protegerá la información filtrada por los denunciantes. Se propone que el servidor debe tener una encriptación de grado militar para proporcionar anonimato al denunciante pero posibilitando la investigación.

2.- Compensación.

Al igual que en el caso Snowden, Garrido, Gonzalo y otros, los denunciantes arriesgan todo en tratar de proteger lo que consideran que es correcto. Las UN y los Estados, deberán de compensar a dichos denunciantes con unos ingresos que le permitan comida, ropa, vivienda y atención médica y psicológica, mientras estén abiertos los procedimiento judiciales derivados de sus denuncias, así como en el futuro si se ven despojados de su medio de vida como consecuencia de su denuncia, hasta que recompongan sus vidas por lo menos al mismo nivel del que gozaban antes de denunciar.

3.- Protección legal.

En la mayoría de los casos hay una fuga que identifica al denunciante y automáticamente se convierte en enemigo del Estado.

En la mayoría de los casos, los denunciantes ni siquiera tuvieron una ayuda legal básica. La UN – Observatorio de la Corrupción en España – prestará toda la ayuda legal que necesitan para protegerse de autoridades hostiles.

4.- Censura.

La mayoría de las veces, la información filtrada es censurada mediante coacción al denunciante. La UN –Observatorio de la Corrupción en España- dispondrá de un equipo de expertos para verificar dicha información y publicarla junto con su análisis en un sitio web totalmente protegido. Este equipo será anónimo y formarán parte de él una comisión impar con técnicos diversos (juristas, urbanistas, médicos, economistas, etc.) que rinda cuentas cada año a la Fiscalía Anticorrupción, a la UCO y al Defensor del Pueblo. Hay que tener en cuenta que el Defensor del Pueblo rinde cuentas ante las Cortes anualmente.

5.- Aplicación.

Al objeto de incumplimiento de la ley de Protección al Denunciante de Corrupción, se proponen una vía de sanción económica a través del Tribunal General de la Unión Europea. A nivel nacional, inhabilitación para cargo público y multa (en cuantía a determinar en proporción a cuanto mayor el cargo mayor la multa) a los directivos y políticos que incumplan dicha Ley.

Es necesario que los partidos políticos se comprometan con una ley que garantice la máxima protección del denunciante y el testigo, y por supuesto, que rehabilite a aquellos que habiendo cumplido con su obligación han sufrido las terribles consecuencias de denunciar delitos de corrupción, abusos o privilegios anacrónicos.

Propuesta de Anteproyecto de Ley de protección al denunciante de corrupción en las instituciones públicas


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