Favoritismos: el primer síntoma de la corrupción más dañina

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Me llamo Miguel Ángel Hernández.

Durante 14 años mi campo profesional ha sido la cooperación para el desarrollo.
Durante ese tiempo he trabajado en diferentes países de Latinoamérica y en varias
ONGs.

Entre el 2015 y 2016 participé en un proceso selectivo de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para una plaza de personal laboral
temporal como responsable de proyectos, de agua y saneamiento, en la Oficina Técnica
de Cooperación en Guatemala. Se trataba de un concurso y una entrevista personal.
Quedé en segundo lugar, a 5 puntos de la ganadora. Esta aspirante había trabajado,
como consultora para el Ministerio de Asuntos Exteriores cerca de cinco años, de los
cuales, casi dos para la Secretaría General para la Cooperación Internacional al
Desarrollo.

Sospechando que el Tribunal había incurrido en irregularidades en la fase de concurso
y, por la ridícula puntuación que obtuve en la entrevista, solicité acceso al expediente.
Ante el silencio administrativo interpuse recurso de alzada basándome en meras
sospechas. Con la intervención del Defensor del Pueblo accedí al expediente tres meses
después. Más tiempo necesité para obtener una resolución expresa a mi recurso de
alzada; hasta 18 meses después de interpuesto. Fueron necesarios hasta tres
requerimientos del Defensor del Pueblo. Los impedimentos de la AECID a colaborar con
el Defensor del Pueblo fueron manifiestos. Me ningunearon y vulneraron mis derechos
de forma continuada y reiteradamente.

El contenido del expediente fue insólito. A mi juicio había una pluralidad de ilegalidades,
sobrevalorando los méritos de la ganadora. Algunas de ellas manifiestas, al vulnerarse
elementos claramente reglados de las bases de la convocatoria. También se
identificaban declaraciones falsas del Tribunal en una de las actas respecto a la
aplicación de los criterios de valoración de méritos. Además, el Tribunal había
modificado durante el procedimiento, sin publicidad, dos criterios de valoración de
méritos de las bases de la convocatoria.

También incluía un notorio error de hecho que beneficiaba a la ganadora. Sólo el error
de hecho era decisivo para el resultado final. Dicho error, respecto a una fecha concreta,
era de exclusiva responsabilidad del Tribunal Calificador.

Con la vista del expediente me permitieron reformular el recurso de alzada. Señalé con
claridad el error de hecho, además de todas las decisiones y valoraciones del Tribunal
que consideraba ilegales. Sin embargo, la AECID mantuvo su desestimación por silencio
administrativo a pesar del deber de la Administración de revisar y, en su caso, corregir
sus propios errores de hecho.

Ante tal indudable injusticia interpuse recurso contencioso administrativo. El recurso,
interpuesto por un abogado especialista en derecho administrativo, incluía 13
alegaciones que sumaban un total de 43,5 puntos de sobrevaloración en los méritos de
la ganadora. En octubre de 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimó el
recurso y me declaró ganador del proceso selectivo, reconociendo mi derecho a ser
nombrado y contratado como responsable de proyectos en Guatemala. Muy destacable
es que el TSJM alcanzó la estimación de mi recurso con tan solo la revisión de las 3
primeras alegaciones del total de las 13 presentadas. Las más graves y obvias
ilegalidades que había considerado no fueron revisadas. Quedaron sin revisar un total
de 35 puntos de sobrevaloración de méritos de la ganadora. Considero que debí ganar
por una significativa ventaja, todo esto sin considerar la puntuación tan baja, no
motivada, obtenida en la entrevista.

La AECID, ya con la nueva Directora, no recurrió la sentencia aunque sí la codemandada,
en enero de 2019. El pasado julio desistió de su recurso de casación ante el Tribunal
Supremo. Entre ambas fechas, concretamente en mayo, finalizó su contrato. La
sentencia es firme. Sin embargo, los tres años de contrato ya han transcurrido y no
podré ocupar el puesto.

La AECID me ha causado un severo e irreversible daño profesional y un grave daño
moral, el cual tengo acreditado con un informe pericial de una psicóloga forense. Aparte
de los derechos económicos y administrativos que tienen que reconocerme en ejecución
de sentencia, iniciaré un procedimiento de responsabilidad patrimonial contra la AECID
por daños y perjuicios.

En febrero de 2018 interpuse denuncia administrativa contra tres miembros del Tribunal
Calificador, los dos vocales y la secretaria. Los tres denunciados son parte del personal
directivo de la AECID según el Estatuto de la Agencia. Se trata de dos coordinadores de
país y una jefa de departamento, cargos con importantes responsabilidades y que
representan la cooperación española a los más altos niveles. El Presidente del Tribunal
era, nada menos, que el Secretario General de la AECID, aunque para cuando interpuse
la denuncia, ya era un alto cargo de la Comunidad de Madrid, para ser más exacto,
Director General de Presupuestos y Recursos Humanos. Una vez dictada la sentencia en
febrero de 2019, la nueva Directora de la AECID procedió a incoar un expediente
disciplinario contra los tres denunciados por falta muy grave de “la adopción de
acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a
los ciudadanos”. Es muy significativo la apertura del expediente disciplinario por falta
muy grave contra su personal directivo.

Ante la gravedad de los hechos y la presunta comisión de delitos interpuse una querella
criminal contra el Tribunal Calificador, la cual fue admitida a trámite por el Juzgado de
Instrucción Nº52 de Madrid. Desde el 3 de mayo de 2019, el Director General de
Presupuestos y Recursos Humanos de la Comunidad de Madrid, el sr. Gregorio Moreno
López, ex-Secretario General de la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID) y dos coordinadores de país y una jefa de Departamento de la
AECID, todos ellos personal directivo, están investigados por los presuntos delitos de
prevaricación y falsedad en documento público.

Por otro lado, el día 3 de agosto de 2019 presenté un escrito al Presidente en funciones
de la Comunidad de Madrid, el sr. Pedro Manuel Rollán Ojeda, donde pedía el cese
inmediato del Director General de Presupuestos y Recursos Humanos. El motivo no era
otro que dar cumplimiento al apartado sexto del Código Ético de los Altos Cargos de la
Administración de la Comunidad de Madrid donde se dice: “los altos cargos
comunicarán al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid la apertura de
cualquier procedimiento jurisdiccional penal contra su persona y dimitirán en el caso de
que sean investigados formalmente por delitos relacionados con la corrupción”.
Como señalaba en el escrito presentado, el Consejo General del Poder Judicial considera
la prevaricación administrativa como caso de corrupción, a todos los efectos. Después
de casi cuatro meses con la condición de investigado por un presunto delito de
prevaricación, el sr. Gregorio Moreno López mantiene su cargo de Director General de
Presupuestos de la Comunidad de Madrid, ahora bajo la nueva Presidencia de la sra.
Isabel Díaz Ayuso, lo que parece ser una clara vulneración del Código Ético de los Altos
Cargos de la Administración de la Comunidad de Madrid.

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