En el día de hoy, 21 de noviembre de 2017, hemos interpuesto una querella criminal en el Juzgado de Instrucción de Madrid contra, entre otros, Eduardo Inda, director del medio OKDIARIO así como contra miembros y ex miembros de la cúpula policial del ministerio del Interior: Jose Manuel Villarejo, ex comisario de policía adjunto a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, Eugenio Pino Sánchez, ex Director Adjunto Operativo de la Policía (DAO) y Jose Ángel Fuentes Gago, Inspector de Policía ex Jefe del Gabinete del DAO por los delitos de pertenencia a organización criminal, obstrucción a la justicia, encubrimiento, revelación de secretos y calumnias e injurias graves y continuadas contra los funcionarios policiales que les investigaron y denunciaron. Aprovechamos además para anunciar una próxima querella contra la actual cúpula del DAO por represalias judiciales y acoso laboral contra algunos de los funcionarios de policía que han investigado las denominadas Cloacas de Interior, como Rubén Eladio López.
Querella a Eduardo Inda
Hemos conseguido interponer esta querella con mucho esfuerzo, gracias a las aportaciones de la ciudadanía y a la dedicación del despacho de abogados del jurista Miguel García Espinar, abogado de la Plataforma X la Honestidad (PLxH).
El proceso será largo y costoso y solo podremos proseguir con esta acción judicial con la colaboración ciudadana teniendo en cuenta que no solo tendremos que afrontar los honorarios por los servicios jurídicos sino previsiblemente también las fianzas que podría imponernos el juez instructor de turno. Por ello hacemos un llamamiento a la colaboración para que cada cual aporte lo que le sea posible. Este es el número de cuenta: ES30 0128 0140 4901 0007 9063. También se pueden realizar aportaciones a través de PayPal. Toda la información está en nuestra web.
Todos los querellados han venido desplegando conductas intimidatorias hacia los investigadores con la intención de influir en sus actuaciones procesales y en la investigación judicial, por medio de constantes injerencias y presiones, en unos casos, con abuso del cargo, y en otros a través de continuas publicaciones y difamaciones en los medios de comunicación que controlaban, y todo ello con el motivo y como la represalia de haber sido investigados policial y judicialmente en el marco de la «operación NiKolay» que instruye el Juzgado de instrucción número 2 de Madrid.
El acoso a los denunciantes/alertadores e informadores de corrupción sigue siempre el mismo patrón: sufren el aislamiento en sus puestos de trabajo, luego son cesados, sancionados y amenazados. Sus acosadores les injurian con periodistas afines como medio vehicular y les interponen querellas falsas para ahogarles psicológica y económicamente.
De dominio público es que los investigadores de la corrupción policial, en el marco de las llamadas «Cloacas de Interior» han sido apartados de la Comisión Judicial que estaba investigando el «caso Nikolay», tras lo cual han sufrido la degradación en sus puestos de trabajo así como falsas imputaciones para ahogarles acompañadas de una campaña de desprestigio por parte de periodistas afines al actual gobierno de España.
El querellado Eduardo Inda Arriaga, a través del medio de comunicación OKDIARIO que dirige, ha venido publicando continuadamente informaciones difamatorias, calumniosas e injuriosas contra los funcionarios policiales encargados de una investigación del denominado «caso Nikolay» en la que él mismo apareció implicado, concretamente contra el inspector Rubén López y contra el comisario jubilado Marcelino Martín Blas.
Esta forma de actuar por parte de este periodista es recurrente con aquellos que denuncian corrupción. De dominio público son las pseudo informaciones publicadas por este medio contra la cofundadora, colaboradora de la Plataforma X la Honestidad y denunciante de la trama Gürtel, Ana Garrido Ramos. Sin embargo comparte mesa y mantel con los presuntos corruptos como Granados como hemos visto estos días.
Este mismo proceso lo están sufriendo decenas de denunciantes, alertadores e informadores de corrupción, entre ellos varios miembros de la PLxH, como Roberto Macías (alertador del caso de las facturas falsas de UGT Andalucía), Azahara Peralta (denunciante de Acuamed) o Maite Morao (denunciante del Ayuntamiento de Sabadell) lo cual debe crear una alarma social acerca de la necesidad de proteger por ley a estas personas cuanto antes, ciudadanos que tan grande servicio han prestado a la sociedad.
Para que estas personas estén protegidas y como principal medida preventiva contra la corrupción, hemos impulsado en el Congreso de los diputados una Ley Integral para la protección de los denunciantes/alertadores/informadores de corrupción que pronto será aprobada en el pleno del Congreso. Por nuestra parte velaremos para que sea una ley efectiva y acorde con la regulación europea en esta materia.
Actuamos en virtud de nuestros legítimos fines estatutarios para la defensa y apoyo de los denunciantes/alertadores e informadores de corrupción. Hasta que estas personas estén protegidas por ley desde la PLxH seguimos defendiéndoles en la medida de nuestras posibilidades. Colabora para que podamos seguir adelante con esta querella. Muchas gracias.